
parlamentib.es 16/04/2026 - 16:47:07 | ![]() ![]() |
VOX DENUNCIA LA FALTA DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DE PROHENS SOBRE EL GASTO SANITARIO EN INMIGRACIÓN ILEGAL
La portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas, critica que el PP oculte datos que autonomías como Valencia o Canarias ya han hecho públicos
La portavoz parlamentaria de VOX Baleares, Manuela Cañadas, ha denunciado hoy en el Parlamento la "opacidad deliberada" del Gobierno de Marga Prohens respecto al gasto público derivado de la inmigración ilegal en el sistema sanitario regional. Tras la negativa del Partido Popular a desglosar estas cifras en el último Pleno, la formación ha exigido transparencia inmediata para que los ciudadanos conozcan el destino real de sus impuestos en un contexto de colapso de la atención primaria y listas de espera récord.
“La señora Prohens ha decidido que el dinero de todos los ciudadanos es un secreto de Estado. Es una falta de respeto a las familias de estas islas que ven cómo sus impuestos suben mientras se les oculta cuánto nos cuesta la invasión migratoria" ha afirmado la portavoz.
Durante su rueda de prensa, Cañadas ha contrapuesto la actitud del Ejecutivo balear con la de otras comunidades autónomas. “Mientras el Gobierno de Canarias reconoce un gasto superior a los 25 millones de euros anuales en sanidad para ilegales, y el propio PP en Valencia ofrece datos millonarios, en Baleares se nos oculta la verdad", ha señalado la portavoz. Desde VOX consideran "vergonzoso" que se califique de "populismo" el ejercicio de control al gasto público, defendiendo que la transparencia es un pilar fundamental de la democracia.
"Exigimos luz y taquígrafos. Cada euro es sagrado y los ciudadanos tienen derecho a saber por qué su atención primaria colapsa mientras se destinan recursos ilimitados a quienes no respetan nuestras fronteras" ha sentenciado Manuela Cañadas.
La formación ha reafirmado su compromiso de "no dar ni un paso atrás" en la fiscalización de las cuentas públicas. VOX seguirá reclamando un desglose detallado de los costes sanitarios y sociales para garantizar que el esfuerzo fiscal de los residentes se traduzca en una mejora real de sus servicios básicos y no en el mantenimiento de estructuras que fomenten la llegada de inmigración irregular.


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